La historia de Libia en los últimos años es la de la fragmentación política y el atrincheramiento de los señores de la guerra, con resultados desastrosos para su población.
Ninguna autoridad controla Libia. Dos entidades rivales compiten por el territorio y los recursos.
Uno de ellos es el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, nombrado en 2021 como autoridad provisional a través de un proceso mediado por la ONU. Junto con grupos armados afiliados y organismos de seguridad abusivos, el GNU controla la mayor parte del oeste de Libia. El Consejo Presidencial Libio también tiene su sede en Trípoli.
Su rival son las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), junto con sus aparatos de seguridad afiliados y una autoridad civil. Administra el territorio bajo control de las LAAF, esencialmente el este y el sur de Libia.
La impunidad en medio del estancamiento político ha dado lugar a un aumento de la represión y de los enfrentamientos armados. En junio, por ejemplo, se produjeron intensos combates entre grupos armados y fuerzas cuasi estatales en Trípoli. El resultado fueron víctimas civiles y la destrucción de viviendas y automóviles.
Tras los enfrentamientos, las autoridades del Gobierno de Unidad Nacional afirmaron haber descubierto 53 cadáveres sin identificar en el depósito de cadáveres de un hospital y una fosa común sin identificar, desconocida hasta entonces, que contenía al menos nueve cadáveres sin identificar de hombres y mujeres. Sigue sin estar claro cuándo y cómo fueron a parar allí.
Estos espeluznantes descubrimientos suscitan algunas preguntas. En medio de la confusión entre autoridades rivales, ¿cómo buscarán justicia las familias de estas víctimas? ¿Cómo podrán llegar al fondo de lo ocurrido a sus seres queridos?
El sector judicial libio refleja la fragmentación política del país. Las principales instituciones judiciales, como el Ministerio de Justicia, el Consejo Judicial Supremo, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, están en profundo conflicto. El recién creado Tribunal Constitucional Supremo de Bengasi puede competir con el Tribunal Supremo de Trípoli.
El problema de la justicia va más allá. La legislación es anticuada y represiva. Faltan el derecho a un juicio justo y las garantías procesales. Los civiles pueden ser juzgados en juicios militares abusivos. Los profesionales del derecho, los acusados y los testigos se enfrentan a ataques, intimidación y acoso. Las autoridades no les ofrecen la protección adecuada.
Y -como se mencionó en este boletín hace unas semanas, cuando la administración Trump hablaba de enviar migrantes y solicitantes de asilo a Libia- las condiciones de detención y las prisiones van de inhumanas a literalmente tortuosas.
En conjunto, lograr justicia en Libia hoy parece difícil. El sistema disfuncional parece prácticamente diseñado para agravar los abusos y ayudar a los autores a salir impunes de sus crímenes.
La reforma masiva que necesita el sector de la justicia podría llevar años. Cuanto antes empiece, mejor.
