Reconocimiento legal de género en México

Celebramos los avances logrados en el reconocimiento de las identidades transgénero en México e instamos a continuar trabajando para garantizar el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas transgénero. Si tiene información adicional, le invitamos a contactar a Human Rights Watch en lgbt@hrw.org.



Normas internacionales

En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en la que determinó que los Estados, en su deber de proteger y garantizar los derechos a la privacidad, la no discriminación y la libertad de expresión, contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, deben de establecer procedimientos sencillos y eficientes que permitan a las personas, incluidas las infancias y adolescencias, cambiar sus nombres y género en los documentos oficiales de identificación. Además, de acuerdo con la Opinión Consultiva, el procedimiento debe de ser de naturaleza declarativa, sin requisitos invasivos o patologizantes, como lo son las certificaciones médicas.

El tribunal interamericano subrayó que estos procedimientos deben “ejecutarse lo más rápidamente posible”, ya que son de “gran importancia” y cualquier retraso puede tener efectos perjudiciales para el desarrollo de la persona. Además, recomendó a los Estados optar por un procedimiento “administrativo o notarial” (en lugar de un procedimiento judicial, ya que a menudo implican excesivas formalidades y demoras), y dejó claro que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que las rectificaciones de los documentos se efectué en las bases de datos de los registros del Estado para evitar que una persona tenga que realizar “varios procedimientos” que impliquen “multiplicidad de autoridades” y “cargas irrazonables”.

En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica con directrices claras sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, determinando que este derecho fundamental se encuentra protegido por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la identidad.

El tribunal además señaló que este derecho debe garantizarse a través de un proceso administrativo que “cumpla los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protección de la identidad de género”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece la igualdad de goce de los derechos civiles y políticos para todas las personas (artículo 3), el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 16) y el derecho a la protección de su privacidad y su familiar (artículo 17). Además, los gobiernos están obligados por el PIDCP a garantizar la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley de todas las personas sin discriminación por ningún motivo, incluido el sexo (artículo 26).

El Comité de Derechos Humanos, órgano del tratado responsable de supervisar la aplicación del PIDCP, ha instado específicamente en múltiples ocasiones que los gobiernos garanticen los derechos de las personas transgénero, incluido el derecho al reconocimiento legal de su género sobre la base de la autopercepción, y que los Estados deroguen los requisitos abusivos y desproporcionados para el reconocimiento legal de la identidad de género.

En su informe a la Asamblea General de la ONU en 2018, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género señaló que “la falta de reconocimiento jurídico niega la identidad de las personas afectadas hasta el punto de que provoca lo que puede describirse como una ruptura fundamental de las obligaciones estatales … [C]uando los Estados deniegan el acceso legal a las identidades trans, lo que verdaderamente están haciendo es emitir un mensaje de qué es un buen ciudadano.” Por otro lado, él ha manifestado que el reconocimiento legal de la identidad de género debe de llevarse a cabo mediante un procedimiento administrativo sencillo, basado en la autodeterminación y sin requisitos abusivos como las certificaciones médicas. En particular, el experto independiente destaca que las personas trans se enfrentan a una “exclusión sistemática de la educación, el empleo, la vivienda, la atención sanitaria y todos los demás sectores de la vida social y comunitaria”, por tanto, el reconocimiento de la identidad de género “no es opcional, sino un imperativo de derechos humanos”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano del tratado encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), también ha establecido un vínculo explícito entre la falta de reconocimiento del género de las personas trans y las violaciones de los derechos socioeconómicos. En consecuencia, ha pedido al menos a un Estado que garantice que las personas trans tengan “acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales”.

Los Principios de Yogyakarta, redactados en 2006 por un grupo internacional de personas expertas en derechos humanos (actualizados en 2017), también instan a los Estados a garantizar el acceso a procedimientos administrativos que permitan rectificar la identidad de género autopercibida de una persona en todos los documentos oficiales de identidad expedidos por el Estado que incluyan el casillero de género. Los principios también

respaldan el derecho de las personas a elegir cómo y cuándo revelar su identidad de género en virtud del derecho a la privacidad.